Top News Noticias
Noticias del Mundo
Mundo mas noticias Estados Unidos mas noticias Latinoamérica mas noticias Contacto Feed Feed
Noticias OnLine
MUY LEÍDO:
mas noticias Alcalde peruano es azotado por incumplir promesa de campaña
mas noticias Cancillería venezolana dice que precandidata presidencial ecuatoriana Cynthia Viteri realizó acciones desestabilizadoras
mas noticias Vicepresidente de Ecuador envió un saludo al «Comandante en Jefe Fidel Castro» por su cumpleaños
mas noticias Mire el video que se hizo viral en Internet con los asaltos a turistas en Río de Janeiro durante los juegos Olímpicos
mas noticias Assange, desde la embajada de Ecuador en Londres, amenaza con filtraciones que perjudicarían a Hillary Clinton
mas noticias Encuentran 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad de la hija de los Kirchner
mas noticias Familiar de cubanos expulsados dice que es lamentable que el comunismo haya entrado en el Ecuador (Video)
mas noticias Maradona ofende a presentadora ecuatoriana (Video)
mas noticias Correa culpa ahora al Brexit, de la falta de recursos de su gobierno
mas noticias Canciller venezolana fue la burla en la OEA; luego abucheada a su salida (Video)
mas noticias Ex Miss Turquía es condenada a la cárcel por publicar supuestos insultos al presidente Erdogan
mas noticias Bachelet participó en el seminario Combatiendo la Corrupción
mas noticias Fuerzas militares norcoreanas y chinas estarían en Venezuela para apoyar a Maduro
mas noticias Le chiflaron a periodista Lanata mientras recibía un premio. Mire su respuesta. (Video)
mas noticias Alarmante. Chile libera más de 1.400 presos
mas noticias Presidente del Ecuador dice que un pobre en el campo puede comer hierba (Video)
mas noticias Video en donde el presidente Correa dice: «nadie grita o lo mando detenido», ante reclamo de damnificados
mas noticias Maduro decreta una semana de feriado para ahorrar agua y electricidad
mas noticias Presidente de Parlamento venezolano llamó parásitos a asistentes al homenaje de Chávez
mas noticias Buscan a dos jóvenes mendocinas que desaparecieron en Montañita Ecuador
  
Relatoría especial para la libertad de expresión expresa preocupación por la existencia y el uso de normas penales de desacat

16/04/2011

Washington D.C., 15 de abril de 2011. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la existencia y el uso de normas penales de desacato y vilipendio así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente expresiones críticas contra los más altos dignatarios públicos en Ecuador.




En efecto, los artículos 489, 491 y 493 del TÍTULO VII, del Código Penal ecuatoriano, titulado “DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA”, establecen, entre otras cosas, penas agravadas para quien formule “falsa imputación de un delito” o “toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio”, de una “autoridad”. En particular, el artículo 493 establece penas de multa y de uno a tres años de prisión a quienes “hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa”. Asimismo, el Código Penal en su artículo 128 establece el delito de vilipendio, al indicar que el que públicamente, y fuera de los casos previstos en el Código, “ofendiere o vilipendiare a las instituciones públicas o a la Fuerza Pública, el que cometiere cualquier burla o desacato, con palabras o acciones, contra la Bandera, el Escudo o el Himno de la Patria” tendrá una pena de multa y de seis meses a tres años de privación de libertad.




Según la información con que cuenta la Relatoría Especial, el 21 de marzo de 2011 el Presidente de la República, Rafael Correa, presentó una querella penal por el delito de injurias calumniosas a una “autoridad”, en contra de quienes integran el directorio de la compañía anónima El Universo, editora del diario El Universo, así como del editor de la sección de opinión del mismo diario, Emilio Palacio. El Presidente pidió al juez de la causa condenar a los acusados a la pena máxima de tres años de prisión y a pagar una multa de 50 millones de dólares, y solicitó una sanción de 30 millones de dólares para la empresa propietaria del periódico. La demanda se origina en una columna de Palacio, publicada el 6 de febrero de 2011, titulada “No a las mentiras”. En otro caso, el 28 de febrero de 2011 el presidente Rafael Correa demandó civilmente a los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro “Gran Hermano”. En el escrito, el mandatario pide una indemnización de 10 millones de dólares por daño moral presuntamente causado. Asimismo, entre otros hechos, el pasado 5 de marzo, el presidente Correa anunció en su programa Enlace Ciudadano que demandaría penalmente por el delito de desacato al ciudadano Marcos Luis Sovenis, que le gritó “fascista” durante una visita a la ciudad de Esmeraldas, el 25 de febrero de 2011.



La existencia de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resulta contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. En particular, el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH en octubre de 2000 sostiene que “[l]as leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.


Asimismo, en cuanto al uso de otras disposiciones penales para defender la honra de los servidores públicos, la Declaración de Principios sobre Libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece en su principio 10 que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticiasel comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticiasfalsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. En el mismo sentido y como ya se mencionó, el principio 11 de la misma Declaración, indica que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.


A este respecto, la Comisión Interamericana ha sostenido que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, ya que:


“no hay un interés social imperativo que la justifique, resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”[1].


A su turno, la Corte Interamericana ha establecido que las limitaciones penales a los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, deben establecerse en leyes redactadas de manera clara y precisa[2] evitando términos vagos o ambiguos que otorgan demasiada discrecionalidad a las autoridades que las aplican, algo incompatible con la Convención Americana[3]. A este respecto vale la pena mencionar que en el caso Kimel la Corte Interamericana encontró que las normas de calumnia e injuria que habían sido aplicadas para sancionar al periodista no reunían este requisito dada su extrema vaguedad y por ello, la Corte ordenó al Estado Argentino: “adecuar en un plazo razonable su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que las imprecisiones (…) se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.


Asimismo, al evaluar la aplicación del derecho penal a quien ha formulado opiniones críticas o ha circulado información que compromete a los más altos servidores públicos, la Corte Interamericana ha aplicado el principio de proporcionalidad a partir de la importancia estructural que tiene para la democracia la protección del debate público sobre altos dignatarios. Sobre este último asunto ha dicho la Corte:


“En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”[4].




En cuanto a la eventual responsabilidad civil, la Corte Interamericana ha establecido que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre la expresión, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público” [5].





Finalmente, en una decisión de enorme importancia la Corte Interamericana ha sostenido lo siguiente:


“En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” [6].


En este punto, resulta relevante mencionar lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2009, en el cual esta oficina observó con satisfacción el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que eliminaría, entre otros, los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria[7]. Tal y como lo manifestó la oficina en la citada oportunidad, dicha iniciativa toma en cuenta la doctrina y la jurisprudencia interamericanas que ya han sido mencionadas[8]. En consecuencia, recomendamos al Estado de Ecuador y a sus altos funcionarios, promover la aprobación de esta nueva legislación, que en gran medida podría evitar que se produzcan algunos de los hechos a los que se refiere la presente comunicación.


Como ya lo ha indicado la Relatoría Especial, en la mayoría de los Estados de la región se ha derogado el delito de desacato en cualquiera de sus formas. Asimismo, en México fueron derogadas las normas federales que permitían enjuiciar por injuria y calumnia a quien ofendiera el honor de un funcionario público y en muchos Estados de la federación se ha seguido la misma práctica. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de dicho país consideró que las normas sobre injuria y calumnia de la Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato, por su extrema vaguedad e imprecisión, eran incompatibles con la Constitución y con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión[9] .En 2007 la Asamblea Nacional de Panamá despenalizó los delitos de injurias y calumnias cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones oficiales de altos servidores públicos. En abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil declaró incompatible con la Constitución Federal a la Ley de Prensa, que imponía severas penas de cárcel y pecuniarias a los comunicadores por los delitos de difamación e injurias. En junio de 2009, el Poder Legislativo de Uruguay eliminó del Código Penal las sanciones por la divulgación de información u opiniones sobre funcionarios estatales y asuntos de interés público, salvo cuando la persona presuntamente afectada logre demostrar la existencia de “real malicia”. En noviembre de 2009, el Senado argentino sancionó una reforma del Código Penal para la despenalización de los delitos de injuria y calumnia, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados un mes antes. Siguiendo esta tendencia, la Corte Suprema de Costa Rica derogó, en diciembre de 2009, el artículo 7 de la Ley de Imprenta que establecía la pena de arresto por delitos contra el honor. Actualmente las normas de injuria y calumnia del Código Penal colombiano están siendo estudiadas por la Corte Constitucional de ese país.


En atención a las consideraciones anteriores, la Relatoría Especial recomienda al Estado de Ecuador adecuar su ordenamiento y prácticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresión del sistema interamericano de protección de derechos humanos.


Para más información acerca de la Relatoría Especial visite: http://www.cidh.oas.org/relatoria/


1 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ricardo Canese v. Paraguay. Transcritos en la sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111. Párr. 72.h).



2 Corte I.D.H., La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, párr. 38.



3 Ver al respecto Capítulo III, Informe Anual 2009, párrs. 70 y ss.



4 Cfr. Corte IDH Caso Herrera Ulloa, Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 129, y Caso Ricardo Canese, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 103.



5 Cfr. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párrf. 129.



6 Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina, Sentencia del 2 de mayo de 2008, Serie C. No. 177, párr. 88.



7 Comunicación entregada el 17 de noviembre de 2009 por el Estado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Nota 4-2-321/2009; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 19 de noviembre de 2009. Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. Borrador para discusión. Disponible en: http://www.minjusticia-ddhh.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=210+target



8 CIDH. Informe Anual 2009. OEA/Ser.L/V/II. Doc.51. 30 de diciembre de 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II (Evaluación sobre la Situación de la Libertad de Expresión en el Hemisferio), párr. 190. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/RELEAnual%202009.pdf



9 Relatoría Especial - CIDH. 22 de junio de 2009. Comunicado de Prensa No. R38/09. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=750&lID=2; Suprema Corte de Justicia de México. 17 de junio de 2009. Amparan a sentenciado por delito de ataques a la vida privada. Disponible en: http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/17-Junio-2009.aspx; CEPET. 18 de junio de 2009. Ampara la Corte a periodista y fija límites a demandas penales contra comunicadores. Disponible en: http://libex.cepet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616%3Aampara-la-corte-a-periodista-y-fija-limites-a-demandas-penales-contra-comunicadores&catid=36%3Aalertas&Itemid=55









PRESS RELEASE



R32/11






OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR FOR FREEDOM OF EXPRESSION EXPRESSES CONCERN REGARDING THE EXISTENCE AND APPLICATION OF CRIMINAL DEFAMATION LAWS AGAINST PERSONS WHO HAVE CRITICIZED PUBLIC OFFICIALS IN ECUADOR




Washington D.C., April 15, 2011. – The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression express its concern over the existence and application of aggravated criminal defamation or “desacato” and insult laws, as well as the existence and application of civil law provisions that may lead to the imposition of disproportionate sanctions against persons who have publicly expressed criticism of the most senior government officials in Ecuador.


Articles 489, 491, and 493 of TITLE VII of the Ecuadorian Criminal Code, entitled “CRIMES AGAINST HONOR,” establish, inter alia, enhanced penalties for persons who make “a false criminal accusation” or “any other expression made to discredit, dishonor, or disparage” an “authority.” In particular, under Article 493, persons who “make defamatory accusations against an authority” may be punished by a fine and one to three years in prison. Likewise, Article 128 of the Criminal Code establishes the criminal offense of insult, whereby a person who, publicly and outside the cases provided for in the Code, “offends or insults public institutions or law enforcement agencies, who mocks or disrespects the nation’s flag, coat of arms, or anthem,” shall be punished by a fine and a term of imprisonment ranging from six months to three years.


According to information available to the Office of the Special Rapporteur, on March 21, 2011, President Rafael Correa filed a criminal complaint alleging the criminal defamation of an “authority” against the board members of the corporation El Universo, publisher of the newspaper El Universo, as well as against Emilio Palacio, the editor of the newspaper’s opinion section. The President asked the trial court judge to sentence the defendants to a maximum of thirty years in prison and a payment of a $50 million fine. He also requested that the newspaper’s parent company be fined $30 million. The case stemmed from a column of Palacio’s, published on February 6, 2011, entitled “No a las mentiras” [“No to Lies”]. In another case, on February 28, 2011, President Rafael Correa filed a civil suit against investigative journalists Juan Carlos Calderón and Christian Zurita for the publication of their book Gran Hermano [Big Brother]. In his pleading, the President requested $10 million in compensation for alleged pain and suffering. Likewise, among other events, last March 5 President Correa announced on his program Enlace Ciudadano [Citizen Link] that he would file a criminal complaint for criminal insult [“desacato”] against Marcos Luis Sovenis, who shouted “fascist” at him during a visit to the city of Esmeraldas on February 25, 2011.


The use of insult laws or laws that punish offensive speech against public servants, in all of their forms, are contrary to inter-American standards on freedom of expression. In this respect, Principle 11 of the Declaration of Principles on Freedom of Expression adopted by the IACHR in October 2000, maintains that “Laws that penalize offensive expressions directed at public officials, generally known as ‘desacato laws,’ restrict freedom of expression and the right to information.”


In addition, with respect to the use of other criminal provisions that protect the honor of public servants, Principle 10 the Declaration of Principles on Freedom of Expression adopted by the Inter-American Commission on Human Rights establishes that “the protection of a person’s reputation should only be guaranteed through civil sanctions in those cases in which the person offended is a public official, a public person or a private person who has voluntarily become involved in matters of public interest. In addition, in these cases, it must be proven that in disseminating the news, the social communicator had the specific intent to inflict harm, was fully aware that false news was disseminated, or acted with gross negligence in efforts to determine the truth or falsity of such news.” In the same respect, Principle 11 of this Declaration states that “Public officials are subject to greater scrutiny by society.”



In the application of this doctrine, the Inter-American Commission has held that the use of the criminal law to punish speech concerning public officials in itself violates Article 13 of the American Convention, because:



“There is no imperative social interest that justifies [the punitive measure…] it is [unnecessary and] disproportionate, and constitutes an indirect restriction, given its chilling effect on speech concerning matters of public interest.”[10]


According to the case law of the inter-American system, criminal restrictions on human rights, such as the right to freedom of expression, must be set forth in clearly and precisely drafted laws[11] that avoid vague or ambiguous terms granting excessive discretion to the authorities who implement them, which is incompatible with the American Convention.[12] In this respect, it is worth noting that in the Kimel case, the Inter-American Court found that the criminal defamation laws that had been used to punish the journalist failed to meet this requirement, given their extreme vagueness, and therefore, the Court ordered the Argentine State to: “within a reasonable time, (…) bring its domestic laws [into] conformity with the provisions of the Convention, so that the lack of [precision] (…) be amended in order to comply with the requirements of legal certainty so that, consequently, they do not affect the exercise of the right to freedom of thought and expression.”



Likewise, in evaluating the enforcement of criminal laws against persons who have expressed critical opinions or circulated information that incriminates senior government officials, the Inter-American Court has applied the principle of proportionality based on the structural importance in a democracy of protecting public debate concerning such officials. On this issue, the Court has held:


“in a democratic society, a different threshold of protection should be applied[.] […] [T]hose individuals who have an influence on matters of public interest have laid themselves open voluntarily to a more intense public scrutiny and, consequently, in this domain, they are subject to a higher risk of being criticized, because their activities go beyond the private sphere and belong to the realm of public debate. This threshold is not based on the nature of the subject, but on the characteristic of public interest inherent in the activities or acts of a specific individual.”[13]


With regard to eventual civil sanctions, the Inter-American Court has established that civil judgments in cases involving freedom of expression must be strictly proportional so as not to have a chilling effect on expression, since “the fear of a civil penalty, [in light of a] claim […] for […] very steep civil [damages], may be, in any case, equally or more intimidating and inhibiting for the exercise of freedom of expression than a criminal punishment, since it has the potential to [compromise] the personal and family life of an individual who accuses a public official, with the evident and very negative result of self-censorship both in the affected party and in other potential critics of the actions taken by a public official.”[14]



Finally, the Inter-American Court ruled as follows:




“In the domain of political debate on issues of great public interest, not only is the expression of statements which are well [received] by […] public opinion and those which are deemed to be harmless protected, but also the expression of statements which shock, [offend] or disturb public officials or [a] sector of society.”[15]


In this respect, it is relevant to mention what the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression stated in its 2009 Annual Report, in which this Office noted with satisfaction the draft Organic Code of Criminal Guarantees, which would eliminate, inter alia, the crimes of insult against public officials, desacato, and certain types of libel or slander.[16] As this Office stated on that occasion, the initiative takes into account the aforementioned inter-American case law and doctrine.[17] Therefore, we recommend that the State of Ecuador and its senior officials promote the enactment of this new legislation, which could in large measure prevent some of the acts referred to herein.


With regard to this matter, it is relevant to mention that a majority of the States in the region have repealed their desacato laws in all of their forms. Mexico has repealed the federal provisions that had allowed for the prosecution for libel and slander of persons who insulted the honor of a public servant, and the same has occurred in many cases at the state level in Mexico. In this respect, the Supreme Court of Mexico held that the criminal defamation provisions of the Press Law of the State of Guanajuato, due to their extreme vagueness and lack of specificity, were incompatible with the Constitution and with the standards of the inter-American system with regard to freedom of expression.[18] In 2007, the National Assembly of Panama decriminalized the offenses of criminal defamation in cases of critical information or opinions about the official acts or omissions of senior public servants. In April 2009, the Federal Supreme Court of Brazil declared that country’s Press Law incompatible with the Federal Constitution. The law had imposed severe penalties of imprisonment and fines against members of the media for criminal defamation offenses. In June 2009, the Uruguayan Legislature eliminated from the Criminal Code sanctions for the dissemination of information or opinions about government employees and matters of public interest, except when the alleged victim is able to demonstrate “actual malice.” In November 2009, the Argentine Senate passed an amendment to the Criminal Code to decriminalize the offenses of criminal defamation, which had been approved by the House of Representatives one month earlier. Following this trend, in December 2009, the Supreme Court of Costa Rica struck down Article 7 of the Press Law that had established the penalty of arrest for crimes against honor. Finally, the libel and slander provisions of the Colombian Criminal Code are currently being examined by that country’s Constitutional Court.


In light of the foregoing considerations, the Office of the Special Rapporteur recommends that the State of Ecuador adapt its domestic legislation and practice to the doctrine and jurisprudence on freedom of expression of the inter-American system for the protection of human rights.


For more information on the Office of the Special Rapporteur, please visit:



http://www.cidh.oas.org/relatoria/index.asp?lID=1




10 IACHR. Arguments before the Inter-American Court in the Case of Ricardo Canese v. Paraguay. Transcribed in: I/A Court H.R., Case of Ricardo Canese v. Paraguay. Judgment of August 31, 2004. Series C No. 111, para. 72.h).



11 I/A Court H. R., The term “laws” in Article 30 of the American Convention on Human Rights. Advisory Opinion OC-6/86, May 9,1986, para. 38.



12 See Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression 2009, Chapter III. para. 70 y ss.



13 Cfr. I/A Court H. R., Case of Herrera-Ulloa v. Costa Rica. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of July 2, 2004. Series C No. 107. para. 103.



14 Cfr. I/A Court H. R., Case of Tristán Donoso Vs. Panama. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of January 27, 2009. Series C. No. 193. para. 129.


15 I/A Court H. R., Case Kimel v. Argentina. Merits, Reparations and Costs. Judgment of May 3, 2008. Series C No. 177. para. 88.


16 Communication submitted by the State to the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression on November 17, 2009. Note 4-2-321/2009; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. November 19, 2009. Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. Borrador para discusión. Available at: http://www.minjusticia-ddhh.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=210+target



17 IACHR, 2009 Annual Report. Volume II: Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Chapter II (Evaluation of the State of Freedom of Expression in the Hemisphere), para. 190. Available at: http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEAnual%202009.pdf



18 IACHR. Press Release No. R38/09. June 22, 2009. Available at: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=750&lID=1; Supreme Court of Justice of Mexico. June 17, 2009. Injunction granted to man convicted of crime of attacks on private life. Available at: http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/17-Junio-2009.aspx; CEPET. June 18, 2009. Court grants injunction to journalist and sets limits on criminal complaints against media workers. Available at:http://libex.cepet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616%3Aampara-la-corte-a-periodista-y-fija-limites-a-demandas-penales-contra-comunicadoes&catid=36%3Aalertas&Itemid=55.




[1] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ricardo Canese v. Paraguay. Transcritos en la sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111. Párr. 72.h).



[2] Corte I.D.H., La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, párr. 38.



[3] Ver al respecto Capítulo III, Informe Anual 2009, párrs. 70 y ss.



[4] Cfr. Corte IDH Caso Herrera Ulloa, Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 129, y Caso Ricardo Canese, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 103.



[5] Cfr. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párrf. 129.



[6] Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina, Sentencia del 2 de mayo de 2008, Serie C. No. 177, párr. 88.



[7] Comunicación entregada el 17 de noviembre de 2009 por el Estado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Nota 4-2-321/2009; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 19 de noviembre de 2009. Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. Borrador para discusión. Disponible en: http://www.minjusticia-ddhh.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=210+target



[8] CIDH. Informe Anual 2009. OEA/Ser.L/V/II. Doc.51. 30 de diciembre de 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II (Evaluación sobre la Situación de la Libertad de Expresión en el Hemisferio), párr. 190. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/RELEAnual%202009.pdf



[9] Relatoría Especial - CIDH. 22 de junio de 2009. Comunicado de Prensa No. R38/09. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=750&lID=2; Suprema Corte de Justicia de México. 17 de junio de 2009. Amparan a sentenciado por delito de ataques a la vida privada. Disponible en: http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/17-Junio-2009.aspx; CEPET. 18 de junio de 2009. Ampara la Corte a periodista y fija límites a demandas penales contra comunicadores. Disponible en: http://libex.cepet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616%3Aampara-la-corte-a-periodista-y-fija-limites-a-demandas-penales-contra-comunicadores&catid=36%3Aalertas&Itemid=55



[10] IACHR. Arguments before the Inter-American Court in the Case of Ricardo Canese v. Paraguay. Transcribed in: I/A Court H.R., Case of Ricardo Canese v. Paraguay. Judgment of August 31, 2004. Series C No. 111, para. 72.h).



[11] I/A Court H. R., The term “laws” in Article 30 of the American Convention on Human Rights. Advisory Opinion OC-6/86, May 9,1986, para. 38.



[12] See Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression 2009, Chapter III. para. 70 y ss.



[13] Cfr. I/A Court H. R., Case of Herrera-Ulloa v. Costa Rica. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of July 2, 2004. Series C No. 107. para. 103.



[14] Cfr. I/A Court H. R., Case of Tristán Donoso Vs. Panama. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of January 27, 2009. Series C. No. 193. para. 129.






[15] I/A Court H. R., Case Kimel v. Argentina. Merits, Reparations and Costs. Judgment of May 3, 2008. Series C No. 177. para. 88.






[16] Communication submitted by the State to the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression on November 17, 2009. Note 4-2-321/2009; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. November 19, 2009. Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. Borrador para discusión. Available at: http://www.minjusticia-ddhh.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=210+target



[17] IACHR, 2009 Annual Report. Volume II: Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Chapter II (Evaluation of the State of Freedom of Expression in the Hemisphere), para. 190. Available at: http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEAnual%202009.pdf



[18] IACHR. Press Release No. R38/09. June 22, 2009. Available at: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=750&lID=1; Supreme Court of Justice of Mexico. June 17, 2009. Injunction granted to man convicted of crime of attacks on private life. Available at: http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/17-Junio-2009.aspx; CEPET. June 18, 2009. Court grants injunction to journalist and sets limits on criminal complaints against media workers. Available at:http://libex.cepet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616%3Aampara-la-corte-a-periodista-y-fija-limites-a-demandas-penales-contra-comunicadoes&catid=36%3Aalertas&Itemid=55.


Comparte esta noticia:

Buscar más noticias:

Las ganancias de Goldman Sachs van en aumento Las ganancias de Goldman Sachs van en aumento
Ex conejita de Play Boy, Pamel Anderson visitóa Julián Assange en la embajada ecuatoriana en Londres Ex conejita de Play Boy, Pamel Anderson visitóa Julián Assange en la embajada ecuatoriana en Londres
Santos, el Nobel ¿y ahora qué? Santos, el Nobel ¿y ahora qué?
Assange desde embajada ecuatoriana amenaza con realizar publicaciones significativas que probablemente afecten elecciones de EEUU Assange desde embajada ecuatoriana amenaza con realizar publicaciones significativas que probablemente afecten elecciones de EEUU
Bachelet tendría que pagar costas por juicio de injurias que inició contra periodistas Bachelet tendría que pagar costas por juicio de injurias que inició contra periodistas
Tras el triunfo del NO, piden la renuncia del presidente de Colombia Juan Manuel Santos Tras el triunfo del NO, piden la renuncia del presidente de Colombia Juan Manuel Santos


Lo más leído:
Encuentran 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad de la hija de los Kirchner Encuentran 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad de la hija de los Kirchner
Correa culpa ahora al Brexit, de la falta de recursos de su gobierno Correa culpa ahora al Brexit, de la falta de recursos de su gobierno
Bachelet participó en el seminario Combatiendo la Corrupción Bachelet participó en el seminario Combatiendo la Corrupción
Fuerzas militares norcoreanas y chinas estarían en Venezuela para apoyar a Maduro Fuerzas militares norcoreanas y chinas estarían en Venezuela para apoyar a Maduro
Agréganos en facebook - Click Aquí.

Síguenos en Twitter - Click Aquí.
Regional News:
En los bastiones de las FARC ganó el NO En los bastiones de las FARC ganó el NO
Trump invita a buscar el video de Alicia Machado teniendo sexo Trump invita a buscar el video de Alicia Machado teniendo sexo
Trump invita a buscar el video de Alicia Machado teniendo sexo Trump invita a buscar el video de Alicia Machado teniendo sexo
Condenan a coroneles por la muerte del padre de Michelle Bachelet Condenan a coroneles por la muerte del padre de Michelle Bachelet
Vladimiro Montesinos es condenado a 22 años de cárcel Vladimiro Montesinos es condenado a 22 años de cárcel
Correa califica de error opiniones de ex presidente chileno Piñera y dice que su gobierno es mejor (Video) Correa califica de error opiniones de ex presidente chileno Piñera y dice que su gobierno es mejor (Video)
Univisión recoge la noticia de entrenamiento de militares a grupos de choque en Ecuador Univisión recoge la noticia de entrenamiento de militares a grupos de choque en Ecuador
Dr. Douglas Cassell: «el presidente Rafael Correa de Ecuador parece no apreciar el imprescindible rol de pesos y contrapesos» (Video) Dr. Douglas Cassell: «el presidente Rafael Correa de Ecuador parece no apreciar el imprescindible rol de pesos y contrapesos» (Video)
Solo 8 de 120 países asistieron a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Maduro asumirá su presidencia Solo 8 de 120 países asistieron a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Maduro asumirá su presidencia
Hillary Clinton escupe una sustancia verde en pleno mitin (Video) Hillary Clinton escupe una sustancia verde en pleno mitin (Video)
Top News Noticias.
Noticias - Actualidad