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Relatoría especial manifiesta preocupación por condena contra periodista, directivos y medio de comunicación

22/07/2011

RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR CONDENA CONTRA PERIODISTA, DIRECTIVOS Y MEDIO DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR





Washington D.C., 21 de julio de 2011. — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la Sentencia emitida el 20 de julio por un juez provisorio en Ecuador contra el periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio. La sentencia condena a los directivos del diario y al periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de 40 millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa, desglosados en 30 millones de dólares de forma solidaria a cargo de los individuos condenados y 10 millones de dólares a cargo de la empresa propietaria del medio de comunicación. Además, los condenados deberán pagar dos millones de dólares en honorarios profesionales a los abogados del Presidente. Para la Relatoría Especial esta decisión es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no sólo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana.



El caso se originó en una columna de opinión publicada por Palacio el 6 de febrero de 2011, titulada “No a las Mentiras”, en la que cuestionaba con duros calificativos presuntas decisiones tomadas por el Presidente Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. El Presidente rechazó en todos los extremos las aseveraciones de Palacio y consideró que las mismas vulneraban su reputación, por lo cual presentó la demanda el 21 de marzo de 2011. El mandatario pidió al juez de la causa condenar al autor de la columna y a los directivos del diario a la pena máxima de tres años de prisión y a pagar una indemnización de 50 millones de dólares; solicitó además una sanción de 30 millones de dólares para la empresa propietaria del periódico.



Los artículos 489, 491 y 493 del TÍTULO VII, del Código Penal ecuatoriano, titulado “DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA”, establecen, entre otras cosas, penas agravadas para quien formule “falsa imputación de un delito” o “toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio”, de una “autoridad”. En particular, el artículo 493 establece penas de multa y de uno a tres años de prisión a quienes “hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa”.



El proceso penal por injurias calumniosas y no calumniosas graves tuvo una duración de cuatro meses. La audiencia de juzgamiento a la que asistió personalmente el Presidente se efectuó el 19 de julio en la ciudad de Guayaquil, en una jornada en la cual grupos de manifestantes afines al gobierno insultaron a los acusados y a una testigo a la salida del juzgado. Antes de la audiencia, el periodista Palacio había renunciado al periódico como una manera de evitar la condena millonaria que podría acarrear el cierre del medio. Asimismo, el día de la audiencia, los defensores de El Universo ofrecieron al Presidente Correa publicar una rectificación de la columna cuestionada, en los términos que el mandatario considerara adecuados. Sin embargo, el Presidente rechazó la conciliación y pidió continuar el proceso. Según lo informado, antes de la audiencia el Gobierno emitió varios pronunciamientos en los cuales descalificó al diario El Universo, sus directivos y al periodista Emilio Palacio. El juez provisorio hizo pública la decisión poco tiempo antes de terminar su periodo en el cargo, como juez temporal del Juzgado 15 de Garantías Penales. El abogado del Presidente indicó que apelaría la decisión dado que considera que la condena monetaria a favor del presidente debió ascender a 80 millones de dólares.



La existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.



El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticiasel comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticiasfalsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.



A su turno, la Corte Interamericana ha establecido que las normas de injuria y calumnia vagas y ambiguas no pueden ser utilizadas para imponer responsabilidad a quien se ha referido a funcionarios públicos. Asimismo, al evaluar la aplicación del derecho penal a quien ha formulado opiniones críticas o ha circulado información que compromete a los más altos servidores públicos, la Corte Interamericana ha señalado que “[e]n una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”.



En una decisión de enorme importancia, la Corte Interamericana ha sostenido que “[e]n la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.



La Corte Interamericana también ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que "el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público".



Dadas las consideraciones anteriores, la Relatoría Especial recuerda que los más altos funcionarios públicos no sólo tienen la obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, sino que tienen medios alternativos de enorme eficacia para dar a conocer sus opiniones sobre las ideas o informaciones que consideren injustas u ofensivas. Asimismo, nota que la sentencia de 20 de julio, se convierte en una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia. Finalmente, la sentencia, en caso de quedar firme, implicaría un perjuicio económico que podría incluso llegar a afectar la existencia misma del periódico El Universo.



Por las razones mencionadas, la Relatoría Especial exhorta al Estado de Ecuador a adecuar su ordenamiento y prácticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresión, y hace un llamado a las autoridades judiciales competentes para resolver el caso del periódico El Universo, sus directivos y el periodista Emilio Palacio, de acuerdo con estos estándares internacionales en materia de derechos humanos.



Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/





PRESS RELEASE

R72/11



OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR EXPRESSES PROFOUND CONCERN REGARDING CONVICTION OF JOURNALIST, DIRECTORS AND MEDIA OUTLET IN ECUADOR





Washington D.C., July 21, 2011. — The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its concern regarding the Judgment issued on July 20 by a provisional judge in Ecuador against the newspaper El Universo, three members of its board of directors, and the journalist Emilio Palacio. The conviction, for the crime of aggravated defamation against a public official, sentences the board members and the journalist to three years in prison and the payment of a total of US$ 40 million in damages for the personal benefit of President Rafael Correa: $30 million to be paid jointly by the convicted individuals and $10 million to be paid by the legal entity that owns the media outlet. Additionally, they must pay $2 million to the President’s attorneys in legal fees. The Office of the Special Rapporteur considers this decision contrary to regional freedom of expression standards and believes that it generates self-censorship and a notable chilling effect that impacts not only the individuals convicted but Ecuadorian society as a whole.



The case stemmed from an opinion column published by Palacio on February 6, 2011, entitled “No to Lies” (“No a las Mentiras”), which questioned in harsh terms the decisions allegedly made by President Correa during the events of September 30, 2010. The President categorically rejected Palacio’s allegations and presented a criminal complaint on March 21, 2011, in the belief that his reputation had been harmed. The President asked the trial court judge to sentence the reporter and the three board members to the maximum term of three years in prison, and the payment of $50 million in compensation. He also requested that the newspaper’s parent company pay $30 million in compensation.



Articles 489, 491, and 493 of TITLE VII of the Ecuadorian Criminal Code, entitled “CRIMES AGAINST HONOR,” establish, inter alia, enhanced penalties for persons who make “a false criminal accusation” or “any other expression made to discredit, dishonor, or disparage” an “authority.” In particular, under Article 493, persons who “make defamatory accusations against an authority” may be punished by a fine and one to three years in prison.



The criminal proceedings for aggravated defamation lasted four months. The trial, which was attended personally by the President, took place on July 19 in the city of Guayaquíl, on a day when groups of protesters supportive of the government insulted the defendants and a witness as they exited the tribunal. Prior to the hearing, the journalist Palacio had resigned from the newspaper in an effort to prevent a multi-million dollar judgment that could force the newspaper to close. In addition, on the day of the hearing, defense lawyers for El Universo offered President Correa a public rectification of the column in question on the terms that the President considered appropriate. The President rejected the settlement, however, and asked to continue the proceedings. According to the information received, before the hearing the government issued several statements in which it disparaged the daily El Universo, its board members, and the journalist Emilio Palacio. The provisional judge published his decision shortly before the end of his time in office as temporal judge of the 15th Court of Penal Guarantees. The President’s lawyer indicated that he would appeal the decision in the belief that the monetary damages awarded to the President should have been in the amount of $80 million dollars.



The existence and application of laws that criminalize expressions offensive to public officials, or desacato laws, in all of their forms, are contrary to inter-American standards in the area of freedom of expression. The Inter-American Commission on Human Rights, based on the American Convention on Human Rights, established more than a decade ago that the use of the criminal law to sanction expressions about public officials violates article 13 of the American Convention, which protects freedom of expression. Such sanctions are unnecessary, disproportionate, and cannot be justified by any imperative social interest; they also constitute a form of indirect censorship given their intimidating and chilling effect on the discussion of matters in the public interest.



Principle 11 of the IACHR’s Declaration of Principles on Freedom of Expression maintains that “Laws that penalize offensive expressions directed at public officials, generally known as ‘desacato laws,’ restrict freedom of expression and the right to information.” Also, Principle 10 of this Declaration establishes that “the protection of a person’s reputation should only be guaranteed through civil sanctions in those cases in which the person offended is a public official, a public person or a private person who has voluntarily become involved in matters of public interest. In addition, in these cases, it must be proven that in disseminating the news, the social communicator had the specific intent to inflict harm, was fully aware that false news was disseminated, or acted with gross negligence in efforts to determine the truth or falsity of such news.”



For its part, the Inter-American Court has established that vague and ambiguous defamation laws cannot be used to impute responsibility to those who have referred to public officials. At the same time, in evaluating the application of criminal law to those who criticize or circulate information that compromises high public officials, the Inter-American Court has observed that “[i]n a democratic society political and public personalities are more exposed to scrutiny and the criticism of the public. This different threshold of protection is due to the fact that they have voluntarily exposed themselves to a stricter scrutiny. Their activities go beyond the private sphere to enter the realm of public debate. This threshold is not based on the nature of the individual, but on the public interest inherent in the actions he performs.”



In a decision of enormous importance, the Inter-American Court held that “[i]n the domain of political debate on issues of great public interest, not only is the expression of statements which are well [received] by […] public opinion and those which are deemed to be harmless protected, but also the expression of statements which shock, [offend] or disturb public officials or any sector of society.”



The Inter-American Court has also established, with regard to eventual civil sanctions, that civil judgments in cases involving freedom of expression must be strictly proportional so as not to have a chilling effect on said freedom, since “the fear of a civil penalty, [in light of a] claim […] for […] very steep civil [damages], may be, in any case, equally or more intimidating and inhibiting for the exercise of freedom of expression than a criminal punishment, since it has the potential to [compromise] the personal and family life of an individual who accuses a public official, with the evident and very negative result of self-censorship both in the affected party and in other potential critics of the actions taken by a public official.”



Based on the foregoing considerations, the Office of the Special Rapporteur recalls that high public officials are not only obligated to be more tolerant of criticism, they also have alternative means of enormous effectiveness in order to express their opinions about information or ideas that they consider unjust or offensive. In addition, the decision of July 20 constitutes a grave warning to any citizen or media outlet that has opinions or information about public officials that could be considered offensive, thus obstructing processes that are natural and necessary in any democracy. Finally, the sentence, if confirmed, would represent an economic burden that could threaten the very existence of the newspaper El Universo.



For these reasons, the Office of the Special Rapporteur exhorts the State of Ecuador to adapt its domestic legislation and practice to existing doctrine and jurisprudence in the area of freedom of expression, and calls on the competent judicial authorities to resolve the case of the newspaper El Universo, its board members, and the journalist Emilio Palacio in conformity with such international human rights standards.



For more information on the Office of the Special Rapporteur, please visit: http://www.cidh.oas.org/relatoria/index.asp?lID=1

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